Columna de Opinión:
Emilio Alfonso Garrote Campillay
Doctor en Derecho
Académico de Derecho Público. Departamento Ciencias Jurídicas. FCJS. UDA
Director Alterno del Centro de Gobernanza, Políticas y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama.
Una gran expectativa generó en la población chilena, la elección de Gobernadores Regionales implementada a partir de 2021. Constituía un paso clave en el proceso de descentralización del país, trayendo consigo la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía de las regiones y gestión de manera más cercana a las necesidades de la comunidad. Sin embargo, también enfrentaba grandes desafíos, especialmente en cuanto a la coordinación con el gobierno central, la disponibilidad de recursos y la capacidad institucional para abordar los desafíos locales.
A priori sabíamos que el escenario si bien era prometedor, a la vez era complejo, esta nueva figura venía acompañada de los Delegados Presidenciales que reemplazarían al antiguo Intendente, radicando en ellos las funciones de Gobierno, dejando a los Gobiernos Regionales -encabezados por los nuevos Gobernadores- las de Administración. De esta forma se generó una convivencia entre el representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región (Delegado Presidencial) y el representante de la comunidad regional (Gobernador), una dualidad de funciones entre ambos que ha impedido a la ciudadanía distinguir y diferenciar las funciones y competencias de uno y otro y no percibir el verdadero cambio. El jefe superior de los servicios públicos en la región es el Delegado Presidencial y no el Gobernador, sin embargo, los ciudadanos reconocen a este último. Una descentralización a la chilena, desde el centro, con el centro y para el centro.
Santiago no es Chile, pero se parece. “Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago”, suelo decirles a mis alumnos y alumnas. La expectativa de avanzar hacia una verdadera descentralización formal y material a favor de las regiones fue percibida y recogida por el gobierno actual, quien planteó como una de sus promesas de campaña la modificación y eliminación de la figura del delegado Presidencial, para potenciar a los Gobernadores, otorgándole un mayor grado de autonomía a las regiones a través de la autoridad elegida directamente por la ciudadanía. En la práctica, al día de hoy el sistema se mantiene sin modificación alguna.
